En una exposición ante la Junta Departamental de Maldonado realizada el 24 de marzo de 2026, el edil Javier Sosa presentó un informe crítico sobre la situación de la unidad penitenciaria de Las Rosas. A 14 años de su inauguración como centro regional, el edil advirtió que el sistema enfrenta desafíos operativos y humanos que comprometen la seguridad pública y el proceso de reinserción.
Crisis de hacinamiento y recursos
El diagnóstico presentado revela una brecha profunda entre la capacidad instalada y la realidad de la población carcelaria:
- Capacidad superada: La unidad, diseñada para aproximadamente 600 plazas, alberga actualmente a una población de 1.300 personas privadas de libertad.
- Déficit de custodia: Para gestionar a estos internos, se estima que solo se cuenta con poco más de 20 funcionarios designados a tareas dentro de los sectores.
- Carencias en el sector femenino: El informe describe problemas de espacio, ventilación y mantenimiento inadecuados para la convivencia en las áreas destinadas a las mujeres.
- Salud y educación: Se reportan dificultades severas en el acceso a consultas médicas, falta de continuidad en tratamientos de salud mental y la ausencia actual de talleres de oficios.
El impacto de la regionalización
Sosa enfatizó que, al transformarse en una cárcel regional, los efectos del sistema también se han regionalizado. Uno de los puntos más alarmantes es la situación de quienes recuperan la libertad: de cada diez liberados que provienen de otros departamentos, se estima que tres permanecen en Maldonado, la gran mayoría en situación de calle al no contar con recursos ni redes de apoyo.
Esta realidad se ve agravada por la falta de recursos en la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Dinali), que en el departamento solo cuenta con dos funcionarios para gestionar el acompañamiento de las personas que salen del sistema.
Falta de controles técnicos
La denuncia también subrayó un vacío institucional a nivel nacional, mencionando que la vacante del Comisionado Parlamentario Penitenciario, tras su renuncia en septiembre de 2025, deja al sistema sin una referencia técnica independiente en un momento de alta vulnerabilidad.
La exposición, que contó con el respaldo unánime de los 27 ediles presentes, fue enviada a organismos clave como el Ministerio del Interior, la Suprema Corte de Justicia y la Institución Nacional de Derechos Humanos para exigir una respuesta integral a esta problemática.
