Denuncian reparto ilegal de los objetos arqueológicos rescatados de los navíos HMS Agamemnon y Salvador de la bahía de Maldonado. Con la siguiente y pormenorizada crónica de los hechos enviada a la redacción de diario La Prensa, la Dra. Claudia Luzardo denuncia el destino de los objetos arqueológicos que fueron rescatados en 1997 de los navíos HMS Agamemnon y Salvador de la bahía de Maldonado y repartidos por los permisarios en el año 2018. La profesional calificó la operación como «reparto ilegal» en perjuicio del Estado uruguayo: «Lamentablemente nos están saqueando nuestra historia, despojando de nuestro patrimonio y echando por tierra nuestra propia identidad» sentenció Luzardo.
Rebeldes por el Patrimonio
En abril del 2018 una comisión administrativa creada en el seno del Ministerio de Defensa Nacional y denominada “Grupo Coordinador para Hallazgos, Pecios y Materiales Arqueológicos GCH- PEMA” realiza el reparto de los objetos arqueológicos rescatados de los navíos HMS Agamemnon y Salvador de la bahía de Maldonado, adjudicando al Estado uruguayo el lote 1 que fue elegido entre los dos lotes creados por los permisarios.
A raíz de tal reparto, al cual no se le dio difusión pública y del cual tomamos conocimiento en forma accidental por una publicación realizada en el Boletín del Ejercito, el Grupo en Defensa del Patrimonio de Maldonado, una asociación civil en formación decidió presentarse ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia de 6 turno de Maldonado, solicitando una serie de informes sobre el estado, ubicación y destino de los más de 4000 objetos de carácter arqueológico que habían sido rescatados de las aguas de la bahía. El pedido de informes se solicitó a través de la figura judicial de una diligencia preparatoria promovida contra el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de Educación y Cultura, mediante el apoyo de un grupo de vecinos que solicitaron información en base a la defensa de un interés difuso de índole cultural y patrimonial.
El pedido de informes se realizó a diferentes organismos públicos del estado uruguayo y organizaciones internacionales relacionados con el manejo del Patrimonio Arqueológico Subacuático. Una vez admitido el pedido por la sede judicial, se enviaron comunicaciones (oficios) en julio del 2020 a diferentes organismos del estado: Ministerio de Defensa Nacional, Cure Maldonado, Ministerio de Educación y Cultura, Unesco en Uruguay, Dirección Nacional de Aduanas entre otros con el fin de aclarar la situación actual de dichos bienes, los criterios de reparto, el apoyo técnico en la distribución del patrimonio y si las piezas habían salido o no del país, su lugar de depósito y en qué situación material de conservación se encontraban.
De este primer pedido de informes recibimos una escueta contestación de la Comisión Nacional de Patrimonio, una detallada contestación del Cure Maldonado a través del grupo CIPAC y de la Dirección Nacional de Aduanas, sin que el Ministerio de Defensa se pronunciara. A raíz de lo cual solicitamos un nuevo informe con plazo de 20 días al Ministerio de Defensa Nacional y una ampliación del informe al Ministerio de Educación y Cultura a través de la Comisión Nacional de Patrimonio. El Ministerio de Defensa Nacional contestó finalmente en diciembre del 2020 presentando el detalle de la lista de los objetos repartidos y sus lotes, copia de los contratos de
búsqueda firmados por los permisarios y de los pedidos de ampliación de plazo de búsqueda, así como inventarios parciales de la época de los objetos rescatados
En esta primera información el Ministerio de Defensa señala que el reparto de los objetos arqueológicos rescatados de los navíos HMS Agamemnon y Salvador se hizo con un criterio netamente militar con el asesoramiento del arqueólogo Licenciado Fernández a fin de preservar los elementos de carácter militar que el estado uruguayo ya mantenía en custodia como eran el cañón del navío HMS Agamemnon que se conservaba en el Museo Naval de Montevideo y uno de los cañones de bronce del navío Salvador que custodiaba la Armada Nacional en el puerto de Montevideo.. Al informe señalado, el Ministerio de Defensa Nacional agrega un nuevo escrito en el mes de marzo del 2021 aclarando algunas de las interrogantes que le habían sido formuladas con anterioridad y que habían quedado pendientes.
En primer lugar y ante el estupor de quien escribe, el Ministerio de Defensa señala que la Armada Nacional no tiene obligación de comunicar a nadie sobre el citado reparto y tiene la disposición absoluta de dichos objetos porque son de su propiedad (“se trata de bienes propiedad de la Armada Nacional”) , en una segunda respuesta nos señala que dichos objetos arqueológicos no tienen ni valor histórico, ni cultural ni patrimonial (“porque no fueron declarados por la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación CPCN, ni como patrimonio nacional ni como de valor histórico”) motivo por el cual la Armada Nacional “ puede disponer libremente de los mismos sin necesidad ni visto bueno de ningún organismo del estado”.
En cuanto al reparto nos señala que no fue consultada la Catedra de Arqueología ni el grupo de Arqueología Subacuática de la Universidad de la República, tampoco la Comisión Nacional de Patrimonio. Según señala el informe “ la decisión de optar por el lote 1 fue tomada por el Señor Ministro de Defensa Nacional del momento Dr. Jorge Menéndez mediante la resolución MDN N 72.383 de fecha 18 de abril del 2018 publicada en el Boletín del Ministerio de Defensa Nacional N 12.339, siendo TRABU parte del equipo conformado por personal de la cartera entendido en el tema y el Centro de Estudios Históricos Navales y Marítimos ( CEHIS)” datos que DIFIEREN con su primer contestación judicial. Agregando que “ No se realizaron tasaciones económicas, culturales o históricas de los objetos por no entenderlo necesario”.
“Se trata de un acuerdo entre las partes (MDN y permisarios) extrajudicial”… .”Dicho acuerdo se realizó a propuesta del Grupo Coordinador para Hallazgos, Pecios y Materiales Arqueológicos (GCHPEMA), designado mediante Resolución del MDN n 70.536 del 26 de abril del 2017, quien en forma clara propuso que los permisarios armaran dos lotes en la forma más ecuánime que ellos entendieran y el MDN optaría por uno de los lotes” Nos señalan que los objetos arqueológicos algunos se encuentran en custodia de la Armada Nacional y otros en depósito en el BROU, y en un depósito privado de los propios permisarios.
Esta contestación del Ministerio de Defensa Nacional señala en definitiva que para el organismo los citados objetos arqueológicos son “ propiedad “ de la Armada Nacional, no tienen valor histórico, cultural ni patrimonial y la Armada puede disponer de ellos como se le plazca. Es evidente que quien redactó el informe, el propio Ministerio de Defensa Nacional y la Armada Nacional parten de puntos de vista erróneos y peligrosos para el acervo patrimonial de todos los uruguayos
El patrimonio como tal tiene protección constitucional regulada en el artículo 34 de la Constitución uruguaya y no necesita una norma específica o declaración para su protección porque esta deriva de la propia Carta Magna. En el tema de los objetos rescatados por los permisarios, la Armada Nacional era quien firmaba los contratos de búsqueda y rescate con el asesoramiento y control de la Comisión Nacional de Patrimonio.
En dicha tarea, la Armada Nacional cumplía una función administrativa que le había sido conferida pero no era propietaria de dichos objetos arqueológicos rescatados que pertenecen al estado, y por consiguiente a la nación. Por lo cual, la propiedad de dichos bienes no le pertenece en absoluto a dicha repartición publica son bienes de naturaleza cultural y patrimonial que forman parte del patrimonio nacional, de la historia y de la identidad de nuestra comunidad. Que no hayan sido declarados monumentos histórico nacional no significa que no revistan un valor cultural y patrimonial que no debe ser declarado sino que nace in situ por la misma protección constitucional que le da la norma de mayor jerarquía del estado uruguayo. Nos asombra el desdén con que se ha tratado el tema, no hablamos de objetos vacíos sino que forman parte de la historia y el pasado de nuestra sociedad que no pueden ni deben ser olvidados.
Este reparto que fue alevosamente llevado a cabo al margen de cualquier asesoramiento técnico y del cumplimiento de normas legales (nacionales y tratados internacionales) debía ser homologado en forma judicial según lo había dispuesto la resolución del propio Ministerio de Defensa, cosa que hasta la fecha de presentado el último informe (marzo del 2021 )no había ocurrido. Por lo cual, mal podrán sacarse a remate estos restos arqueológicos por la CASA DE ANTIGUEDADES ZORRILLA como se habría promocionado realizar en el mes de mayo.
No comprendemos el silencio del Ministerio de Educación y Cultura, ni la falta de posición y expresión pública de la Comisión Nacional de Patrimonio tampoco la falta de voz de la Dirección de Cultura de la Intendencia de Maldonado y la ausencia de presencia en el tema de la Comisión Departamental de Patrimonio. Que les pasa a todas los organismos públicos a nivel nacional y departamental que callan y no dicen nada. Porque nadie se pronuncia, ya no importa nuestra identidad, el reflejo de la historia de nuestro pueblo y los vestigios patrimoniales de nuestra región. Nos oponemos a que esto suceda.
Como ya lo señalamos, seguimos sosteniendo que este fue un reparto ilegal, en perjuicio del Estado uruguayo, con lotes desiguales donde se omitió la búsqueda de otras soluciones para que estos objetos arqueológicos en su más amplia colección siguieran bajo el resguardo y la tutela del Estado para disfrute de generaciones futuras. Lamentablemente nos están saqueando nuestra historia, despojando de nuestro patrimonio y echando por tierra nuestra propia identidad.
Dra. Claudia Luzardo
