En defensa de la seguridad de todos los habitantes de Maldonado, la justicia avaló la posición de la administración que adquirió y puso en funcionamiento tecnología reservada de alta especialización que no existe en otro lugar de América del Sur.
La Juez de 6to.turno de Maldonado, Dra María Constanza Farfalla, no hizo lugar a la pretensión de acceso a la información pública que solicitó el Edil del MPP, Joaquín Garlo, al ir contra la Intendencia de Maldonado.
La magistrada admitió la defensa de la administración que encabeza Enrique Antía, que al amparo previsto por el artículo 33 literal C, numeral 8º del TOCAF, contrató en forma directa las cámaras para el sistema de videovigilancia, atento a la necesidad de que la operación se mantenga en secreto, al encontrarse involucrada la seguridad pública.
Por este motivo, es que tratándose de instrumentos adquiridos para el combate del delito, la difusión pública de sus fortalezas podría frustrar la eficacia de la tarea.
La Juez entendió también que en los sucesivos dictámenes en que se pronunció el Tribunal de Cuentas, respecto de la contratación, no cuestionó la calificación de secreta de la operación.
Sostuvo que se debe tener presente que la Ley Cristal o de Anticorrupción, prescribe que los actos, documentos y demás elementos relativos a la función pública, que por su naturaleza deban permanecer reservados o secretos no pueden ser divulgados libremente.
En ese sentido desestimó la pretensión de acceso a la información pública atento a la calificación de la misma como reservada por resolución fundada.
El sistema adquirido para la videovigilancia en el departamento, al que se había comprometido Antía al señalar “vuelve Antía vuelve la Seguridad”, contiene analítica y software de avanzada único, que no puede divulgarse para el mejor éxito del Programa Maldonado Seguro.
Este programa fue aprobado por los Ministerios del Interior y de Defensa Nacional en cuanto a su calidad, monto y forma, ya que han participado enteramente en su elección y diseño.
La divulgación de esa analítica va en contra del combate del delito, como ha dicho la jueza que entendió en el caso, por lo que se inhibiría la eficacia de todo el sistema si se divulgaran datos.
Vale agregar que no son los únicos contratos secretos o confidenciales dentro del Estado. De igual forma ha contratado el Ministerio del Interior en sistemas de videovigilancia, la Intendencia de Montevideo, el Ministerio de Defensa, y ANTEL con el Ministerio del Interior.
