Con la modificación, el Ministerio Público contará con atribuciones para dirigir la investigación de crímenes, delitos y faltas, así como para disponer la presencia de todas las personas que puedan aportar elementos a las investigaciones, solicitar medidas cautelares, acusar o sobreseer, entre otros.
El cambio más significativo es la adopción del procedimiento penal acusatorio, oral y público, en audiencias que serán registradas y estarán a cargo del juez. También organiza cómo se toman declaraciones a víctimas, testigos e imputados. Las investigaciones tienen un límite de un año desde su formalización, según el texto promulgado esta jornada.
Además, se elimina la libertad condicional y la suspensión condicional de la pena, propios del sistema inquisitivo. También se asegura la imparcialidad objetiva de los jueces con la consagración de un sistema que coloca un juez para las audiencias y otro en el juicio oral.
Asimismo se incluyen cambios en la Ley Orgánica de Tribunales, la Ley Orgánica Policial, la Ley del Procedimiento Penal y el Estatuto de Fiscales.
