El joven de 17 años admitió su participación como sicario en el quíntuple homicidio del pasado 10 de julio en el barrio El Monarca, donde fueron asesinados cinco integrantes del clan Los Suárez, entre ellos una adolescente de 14 años. La Justicia le impuso una medida privativa de libertad de seis años de internación en dependencias del Inisa.
La Fiscalía de Adolescentes de Montevideo de 3.º Turno, a cargo del fiscal titular Raúl Iglesias, logró la responsabilización de un joven de 17 años por su participación directa en el quíntuple homicidio perpetrado a mediados de este año en la capital del país.
Tras admitir su autoría en el marco de un proceso simplificado acordado entre las partes, la sede judicial declaró al adolescente responsable de cinco infracciones gravísimas a la ley penal, tipificadas como homicidios muy especialmente agravados por precio o promesa remuneratoria y por reincidencia, en régimen de reiteración real. En consecuencia, se dispuso una medida socioeducativa privativa de libertad consistente en seis años de internación en dependencias del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa).
El hecho tuvo lugar durante la mañana del 10 de julio en una vivienda ubicada en calle 7 y calle Central, en el barrio El Monarca, bajo jurisdicción de la Seccional 18.ª. Cuatro hombres llegaron al lugar a bordo de dos motocicletas, vestidos con ropa de trabajo con detalles reflectivos y cascos puestos. Tras escalar el muro perimetral, ingresaron disparando reiteradamente contra quienes se encontraban en las habitaciones y la cocina. Cuatro de las personas murieron en el sitio y una quinta víctima, una adolescente de 14 años, falleció mientras era trasladada de urgencia a un centro asistencial. Los fallecidos pertenecían al grupo familiar conocido como el clan Los Suárez.
De acuerdo con las actuaciones judiciales y policiales, el ataque armado se originó a raíz de una disputa barrial ocurrida aproximadamente una semana antes entre un vecino de la zona y una de las víctimas.
El implicado había sido detenido a fines de agosto durante operativos desplegados por el Departamento de Homicidios de la Dirección General de Hechos Complejos en el barrio La Chancha, instancia en la que se le había fijado una internación preventiva por 150 días.
En el esclarecimiento del caso resultaron determinantes el seguimiento de los desplazamientos mediante cámaras de videovigilancia antes y después del hecho, pericias balísticas, autopsias y, de forma decisiva, la extracción de información de un teléfono celular incautado durante los procedimientos. En el dispositivo se hallaron conversaciones explícitas donde el joven reconocía su intervención directa en los homicidios y manifestaba haber recibido un pago para consumarlos, además de registros fotográficos compatibles con las armas, la indumentaria y los vehículos empleados en la emboscada.
