El Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República (Udelar) resolvió suspender el dictado de clases y todas las actividades académicas no indispensables en toda la institución hasta el martes 8 de setiembre inclusive. La determinación se tomó este viernes 4 de setiembre tras el intento de femicidio ocurrido el pasado 1° de setiembre en el predio de la Facultad de Medicina.
La resolución apunta a continuar con las acciones de reflexión, cuidados y reorganización institucional frente a la conmoción generada en la comunidad universitaria. Durante la jornada del martes 8 se reanudará la sesión del CDC para evaluar la coyuntura y definir las próximas medidas.
En su declaración, el máximo órgano de conducción universitaria reconoció «las insuficiencias y desafíos que persisten en las respuestas institucionales en contra de la violencia de género» y renovó su disposición para fortalecer los mecanismos de prevención y abordaje.
Entre las disposiciones adoptadas, el CDC encomendó a la Comisión Abierta de Equidad y Género (CAEG), con el asesoramiento de la Dirección General Jurídica y la participación de los distintos colectivos, la revisión integral de la política sobre Violencia, Acoso y Discriminación (VAD). Esta actualización evaluará la obligatoriedad de capacitaciones para toda la comunidad universitaria, la detección temprana de riesgos, estrategias de acompañamiento a denunciantes, medidas reparatorias y mejoras en la articulación interinstitucional.
Asimismo, se estableció un plazo de 60 días para que dicha comisión elabore un plan de acciones concretas. Por otra parte, se solicitó a todos los servicios y facultades un informe detallado sobre los recursos, espacios y presupuestos que actualmente destinan al abordaje de la violencia de género, a fin de identificar obstáculos y proyectar su financiamiento junto a Rectorado.
Finalmente, la Udelar ratificó que se encuentra a total disposición de la Fiscalía Letrada de Montevideo de Violencia Doméstica y Género y de la Justicia Especializada para aportar la documentación requerida, encomendando a la Dirección General Jurídica el seguimiento del proceso penal.
