La Mesa Representativa consideró «fuera de todo marco jurídico» el anuncio del Gobierno para Montevideo, argumentando que las Fuerzas Armadas deben limitarse a la defensa nacional. Sostienen que el delito se combate atacando la desigualdad y proponen transferir los vehículos al Ministerio del Interior para ser operados por policías.
La Mesa Representativa del PIT-CNT emitió una resolución oficial en la que fijó su postura frente al anuncio del Gobierno sobre la utilización de vehículos blindados del Ejército Nacional para tareas de patrullaje policial en determinados barrios de Montevideo. La central obrera manifestó su rechazo integral a que las unidades y el personal militar se involucren en funciones de seguridad pública.
En el documento difundido, la organización sindical remarcó que la seguridad es «un derecho humano fundamental» y que la ciudadanía posee el derecho «inalienable de vivir en paz». No obstante, señalaron que la problemática del delito, el crimen organizado y el narcotráfico responden a factores de «desigualdad, pobreza y exclusión», por lo que una solución de fondo requiere una intervención «integral y multidimensional del Estado» en áreas como trabajo, salud, educación y vivienda.
Respecto a la medida del Ejecutivo, el PIT-CNT consideró «altamente inconveniente y fuera de todo marco jurídico» que los efectivos militares desempeñen acciones de seguridad ciudadana, aun cuando su labor se limite específicamente a la conducción o manejo de las unidades blindadas.
Según el texto aprobado, las competencias de las Fuerzas Armadas están estrictamente ligadas a la defensa nacional, mientras que las funciones de seguridad interna corresponden por ley a la Policía Nacional.
En su declaración final, la Mesa Representativa resolvió formalmente:
- Rechazar la utilización de las unidades blindadas del Ejército en los patrullajes policiales y la conducción de los mismos por parte de efectivos militares.
- Solicitar al Poder Ejecutivo que evalúe mecanismos alternativos para desarrollar las tareas de seguridad en respeto a la población y garantizando el resguardo de los funcionarios policiales.
Como contrapropuesta, el PIT-CNT sugirió que, dado que los vehículos blindados pertenecen al Estado uruguayo, se estudie la posibilidad de transferir dichas unidades directamente a la órbita del Ministerio del Interior. De esta manera, indicaron, los vehículos podrían ser operados por el personal policial tras recibir la capacitación técnica correspondiente, evitando el despliegue militar en las tareas de patrullaje.
