La Policía de Bolivia reveló que el narcotraficante uruguayo contaba con una estructura de seguridad profesional y una gran cantidad de documentos apócrifos. Tras su entrega a EE.UU., detuvieron a sicarios que planeaban ataques con explosivos en represalia.
Nuevos detalles surgen tras la captura y entrega a los Estados Unidos del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Según informó la Policía boliviana, las investigaciones preliminares basadas en documentos hallados durante los allanamientos en Santa Cruz revelan que Marset operaba con más de diez identidades diferentes.
El comandante de la institución, Mirko Sokol, confirmó que se investiga si estos documentos fueron facilitados por funcionarios del Estado. Hasta el momento de su detención, se sabía que Marset utilizaba los nombres falsos de Gabriel de Souza Bemer (boliviano) y Luis Pablo Amorim Santos (brasileño), identidad con la que incluso llegó a jugar profesionalmente en el club Leones del Torno de la segunda división boliviana.
En las requisas, los agentes también encontraron varias máscaras que habrían sido utilizadas por el uruguayo y sus colaboradores para evadir los controles. Además, se incautaron 16 avionetas y se investiga una red de hasta diez viviendas de seguridad. El Ministerio de Gobierno estima que el golpe económico a su organización supera los 15 millones de dólares.
Planes de venganza y atentados
La tensión aumentó este jueves tras la detención de cinco colombianos y dos ecuatorianos, señalados como miembros del cuerpo de seguridad de Marset. Según el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, este grupo planeaba atentados terroristas contra unidades policiales en Santa Cruz como represalia por la captura del capo uruguayo.
«Estaban planeando venganza. Pretendían traer delincuentes expertos en explosivos«, afirmó Oviedo, quien detalló que la información fue obtenida mediante el acceso a mensajes en los celulares de los detenidos. Entre los capturados se encuentra un exmilitar colombiano que lideraba el grupo.
Marset, quien ya fue entregado a la DEA para evitar riesgos de seguridad en cárceles bolivianas, enfrenta ahora cargos en Estados Unidos por lavado de dinero proveniente del narcotráfico, delito por el cual podría recibir una condena de hasta 20 años de prisión.
EFE / Semanario La Prensa
