La propuesta de invitar al sumo pontífice al Palacio Legislativo durante su futura visita al país desató un cruce político entre legisladores que defienden el gesto como apertura democrática y quienes lo denuncian como una violación a la Constitución.
Este jueves, el presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Goñi, confirmó a la Agencia EFE que remitió junto a legisladores de distintas fuerzas políticas una carta al cardenal Daniel Sturla para que el papa León XIV visite el Palacio Legislativo si llega a Uruguay.
El diputado del Frente Amplio, Fernando Amado, manifestó en su cuenta de X su rechazo ante esta propuesta y durante su intervención en la Cámara de Representantes del pasado martes afirmó que la eventual concurrencia del papa al Parlamento sería una violación a la laicidad.
«Es lo mismo que cuando intentan asociar patria y nación con la iglesia«, dijo Amado y apuntó contra los parlamentarios por promover «que lo religioso se manifieste en el espacio de lo público y transmitir la idea de que hay que creer en algo«.
Goñi defendió que ese es «el mayor gesto de laicidad que puede tener una sociedad«.
«La posibilidad de que viniera el papa no estaba hasta hace poco concreta. Ahora parece que es bastante posible, por no decir casi que definida, pero eso no está en mis manos«, expresó Goñi y explicó que el grupo se adelantó a esta posibilidad.
Goñi recordó que el presidente Yamandú Orsi ya hizo esta invitación personalmente a León XIV durante su visita al Vaticano en octubre de 2025 y que ahora la Conferencia Episcopal de Uruguay le acercará esta carta.
«La laicidad no puede silenciar las convicciones y las expresiones y el hecho religioso. Todo lo contrario: debe acogerlas«, insistió el presidente de la Cámara Baja y diputado por el opositor Partido Nacional.
«El papa puede tener siempre en una visita sus celebraciones religiosas, sus encuentros con sus fieles, pero cuando lo recibe el Parlamento es el pueblo entero que lo recibe. Y eso ha generado mucho entusiasmo y expectativa«, aseguró Goñi.
En Uruguay, tal como indica la Constitución desde el año 1919, «todos los cultos religiosos son libres» y «el Estado no sostiene religión alguna».
EFE / Semanario La Prensa
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