Los materiales, incautados en un operativo contra el tráfico ilícito de bienes culturales, fueron entregados por el Ministerio de Relaciones Exteriores al MEC y al Archivo General de la Nación, en una ceremonia que reafirmó el compromiso bilateral con la protección del patrimonio documental y la memoria histórica.
En un acto realizado en el Palacio Santos, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE) hizo entrega al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) de documentos históricos restituidos a nuestro país por el Gobierno de la República Argentina. Los documentos habían sido incautados por la Policía Federal Argentina en el marco de un operativo de combate contra el tráfico ilícito de bienes culturales.
La ceremonia, presidida por el director General de Asuntos Culturales, el embajador Fernando Lugris; el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin; la subsecretaria de Educación y Cultura, Gabriela Verde y el embajador de Argentina en Uruguay, Alan Beraud, junto a la directora del Archivo General de la Nación, Alejandra Villar y el presidente de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación, Marcel Suárez, representó una muestra del firme compromiso de ambos países en la lucha contra el tráfico ilícito de este tipo de materiales.
Los oradores destacaron que la recuperación de estos documentos no representa únicamente la restitución material de piezas históricas, sino también una defensa activa de la memoria, la identidad y el patrimonio cultural del Uruguay y de la Región. Asimismo, puso de relieve la eficacia de la cooperación internacional, que permitió la identificación, incautación y devolución de bienes pertenecientes al acervo documental uruguayo.
Las autoridades uruguayas expresaron su profundo agradecimiento al Gobierno de la República Argentina y a los equipos técnicos y policiales intervinientes.
Desde el año 2017, Uruguay cuenta con el Comité Nacional de Prevención y Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, presidido por el Ministerio de Educación y Cultura e integrado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección Nacional de Aduanas y el Ministerio del Interior. Este ámbito interinstitucional tiene como objetivo la ejecución de políticas públicas destinadas a proteger el patrimonio cultural y promover su circulación lícita entre los países, una tarea que solo es posible mediante la cooperación activa y sostenida.
En este marco, fueron entregados al Archivo General de la Nación los siguientes documentos históricos:
- Carta poder de Nicolás Antonio Calvo al señor Jaime Estrázulas, para el cobro de una suma adeudada en Uruguay (28 de julio de 1869).
- Carta de don José M. Cantilo a don Francisco Hordéñana, Ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay (Buenos Aires, 1856).
- Carta de José María Paz a Francisco Hordéñana (1846, sin lugar consignado).
- Carta de Cayetano Pacheco al señor Juan Vázquez (Buenos Aires, 25 de enero de 1801).
- Carta en inglés firmada por John A. Wright dirigida a Santiago Vázquez, enviada desde Río de Janeiro a Montevideo (1842).
- Carta en castellano del Sr. S. V. (posiblemente Santiago Vázquez) al Sr. Wright.
- Carta en inglés de septiembre de 1842 del Sr. Wright a Santiago Vázquez.
- Carta de Miguel Puiggari a Domingo Parodi (Buenos Aires, 1860).
- Carta manuscrita de José Rondeau, referida al juicio del soldado José Eugenio (Montevideo, 12 de abril de 1837).
- Manuscrito de llamamiento a los montevideanos, firmado por E.B. y L.
- Carta manuscrita del comandante Robert Crawfurd (Montevideo, 9 de enero de 1807).
Las autoridades destacaron la necesidad de seguir fortaleciendo la cooperación interinstitucional, promover la educación patrimonial y sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de denunciar y prevenir cualquier acción que ponga en riesgo la herencia cultural común. «Resguardar el patrimonio es velar por nuestra memoria y también por lo que podemos llegar a ser», afirmó la subsecretaria Gabriela Verde. La directora del AGN, Alejandra Villar, se refirió a los documentos como «piezas fundamentales que complementan la documentación que nosotros tenemos».
Este retorno constituye un paso significativo en la protección del acervo documental del país y un llamado a la reflexión colectiva sobre la responsabilidad compartida de custodiarlo para las generaciones futuras.
