Un operativo conjunto encabezado por Fiscalía de Paysandú, la Policía —incluyendo Interpol y diversas unidades departamentales— y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través de la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social (IGTSS), permitió desarticular una situación de explotación laboral que afectaba a más de 50 personas, en su mayoría trabajadores extranjeros. La actuación fue el resultado de una investigación de varios meses y se concretó el 9 de diciembre mediante dos allanamientos simultáneos.
De acuerdo con el inspector general del Trabajo y la Seguridad Social, Luis Puig, la intervención comenzó “a partir de una denuncia anónima que tenía desde hace un tiempo Fiscalía de Paysandú”, lo que derivó en una coordinación “totalmente reservada” entre Fiscalía, Policía e Inspección de Trabajo. Puig señaló que la denuncia advertía la presencia de ciudadanos extranjeros sometidos a explotación laboral en el departamento.
Allanamientos y relevamiento de trabajadores
Los equipos se dividieron en dos puntos: una chacra vinculada a una empresa citrícola y un inmueble en el centro de Paysandú. Según detalló Puig, los procedimientos permitieron constatar la presencia de “38 ciudadanos argentinos, 14 ciudadanos peruanos y 7 ciudadanos uruguayos”. La mayoría se encontraba sin registrar en la seguridad social y en condiciones laborales informales.
Los datos relevados por la Inspección General de Trabajo, en coordinación con Fiscalía, permitieron establecer:
14 trabajadores peruanos, todos hombres: 7 con cédula uruguaya (una vencida) y 7 con DNI; 9 sin registro en la Planilla de Trabajo Unificada (PTU).
38 trabajadores argentinos: ninguno estaba registrado en la PTU.
7 trabajadores uruguayos, 5 registrados y 2 sin registro.
La actuación incluyó la toma de declaraciones a la totalidad de los trabajadores presentes en ambos puntos.
Condiciones laborales y habitacionales “absolutamente deplorables”
Puig afirmó que durante el operativo se constató “la total informalidad en cuanto al no registro en la seguridad social de la inmensa mayoría y condiciones de trabajo absolutamente deplorables”.
Las inspecciones verificaron situaciones que implicaban riesgo para la vida y la salud: instalaciones eléctricas precarias, herramientas sin protección, falta total de higiene, condiciones indignas en dormitorios y baños, colchones en mal estado, ausencia de comedores y de espacios adecuados de descanso. En el inmueble urbano se registraron 11 intimaciones y se clausuró un calentador eléctrico por riesgo, mientras que en el establecimiento rural se constataron 18 irregularidades vinculadas a seguridad y salud laboral, incluyendo falta de agua potable y alimentación no acorde a la normativa.
El Ministerio de Trabajo procedió a la clausura preventiva de todas las instalaciones de vivienda y servicios de bienestar. A su vez, se intimó a la empresa a pagar en un plazo de 24 horas los jornales adeudados, incluyendo el salario del mes de noviembre y los días trabajados en diciembre.
Atención a las víctimas y actuación interinstitucional
Durante el operativo, la Unidad de Protección de Víctimas de Fiscalía informó a los trabajadores que no estaban detenidos ni acusados, sino que se trataba de terminar con una situación de explotación laboral. Todos fueron trasladados a Jefatura de Policía, donde recibieron asistencia y se continuó la labor inspectiva.
Puig destacó especialmente la situación “inhumana” a la que estaban sometidos y advirtió la preocupación por una posible práctica extendida de reclutamiento de trabajadores extranjeros en condiciones de informalidad extrema. Señaló que se trata de un fenómeno que deberá investigarse en mayor profundidad para determinar su alcance en otros sectores.
Compromiso institucional
El inspector general subrayó que el Ministerio de Trabajo reafirma su “compromiso en hacer los máximos esfuerzos por la fiscalización en todo el país, para que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir”. Indicó también que la vulnerabilidad de los trabajadores extranjeros y no registrados los expone a formas extremas de explotación.
Finalmente, destacó el trabajo coordinado entre instituciones del Estado, afirmando que “lo de Paysandú demuestra que se puede actuar en conjunto diferentes reparticiones del Estado”, reconociendo la labor de Fiscalía de Paysandú, Interpol, la Policía departamental y los equipos inspectivos del MTSS que participaron en el operativo.
