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“Nos interesa dar una clara señal de que vamos a tratar de recuperar ese dinero”, dijo el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, luego de su comparecencia ante la Comisión de Salud del Senado, para lo cual la investigación y los dictámenes finales de la justicia serán fundamentales para identificar a todos los responsables vinculados a la maniobra contra el Fondo Nacional de Salud, explicó.
La Junta Nacional de Salud (Junasa) presentó ante la Justicia 10 denuncias por casos de intermediación lucrativa y el Banco de Previsión Social (BPS) efectuó otras 600, indicó el ministro en una rueda prensa realizada en el Parlamento, luego de comparecer ante la Comisión de Salud del Senado.
Basso recordó que la denominada intermediación lucrativa, por la cual los prestadores privados de salud ofrecen dinero a los usuarios para que se afilien, es anterior a la reforma sanitaria. Aseguró que el actual Sistema Nacional Integrado de Salud está en permanente actualización para evitar posibles fraudes.
“Ha habido múltiples procesamientos a lo largo de este año y en años previos. Inclusive el BPS ha dado cuenta de destituciones que se han hecho de funcionarios que estaban comprometidos. No estamos ante un fenómeno nuevo en lo que tiene que ver con los dineros públicos”, señaló.
El ministro se mostró optimista en la investigación de la Justicia y la Policía. Reiteró que el Ministerio de Salud Pública (MSP) será “inflexible en casos de intermediación lucrativa y se irá hasta las últimas consecuencias”.
Precisó además que el monto de la estafa por la apertura de empresas falsas en el BPS brindado por las autoridades del organismo a los senadores integrantes de la Comisión de Salud es “significativamente menor” a los números que circularon a través de la prensa.
“Nos interesa dar una clara señal de que vamos a tratar de recuperar ese dinero”. Para eso, son clave los dictámenes de la justicia que permitan identificar todas las responsabilidades vinculadas a esta estafa, añadió.
Basso informó que el BPS paga 30 millones de cápitas anuales a través del Fondo Nacional de Salud (Fonasa). Todo el sistema está informatizado y no median funcionarios el proceso, explicó.
Consultado sobre la eventual responsabilidad de funcionarios en esta maniobra, el ministro respondió que eso está en manos de la justicia y que tanto el MSP como el BPS realizan investigaciones administrativas al respecto.
Finalmente, el jerarca cuestionó la inversión publicitaria realizada por los prestadores privados entre diciembre y enero, previo a la apertura del período de movilidad regulada, la cual estimó en unos 4,5 millones de dólares.
Basso estimó que la cifra podría aumentar hasta unos 10 millones de dólares cuando se sume lo destinado por las empresas a publicidad durante febrero, número que, según adelantó, se conocerá en breve.
Fuente: Presidencia
